La Armada comenzó a configurar el sistema porturario en el siglo XVIII. Si bien en la centuria siguiente, los puertos continuaron bajo su jurisdicción, la creación de los Ministerios de Fomento en 1832 y de Obras Públicas en 1847, alteró el panorama. A partir de entonces se distribuyeron las funciones entre organismos de la administración militar y civil, ya que ésta adquirió competencias sobre las obras de mar y todas las accesorias de los puertos, como limpieza y conservación.

¿Cómo funcionó este reparto de competencias? No se puede decir que bien. El Ministerio de Marina era reacio a la intervención de los departamentos civiles en un ámbito que había sido hasta entonces de su total competencia. Tampoco había buena comunicación entre las partes, de manera que los constantes roces se reflejaron en los expedientes.

El panorama se complicó aún más cuando los ingenieros de caminos, canales, puertos y faros sustituyeron a los de la Armada en estas obras, añadiendo una nueva causa de conflicto con los capitanes de puerto.

Una cuestión fundamental eran los arbitrios de los puertos. Se produjeron cambios importantes: se redujeron a dos, el de fondeadero y el de carga y descarga, aunque se podrían autorizar en casos concretos determinados impuestos especiales; se encargó la recaudación a Hacienda, a mediados de siglo; y se destinaron a Fomento, para la limpieza, así como para las obras portuarias. Poco después, los derechos de las capitanías se suprimieron y se declaró libre el servicio de practicaje en todos los puertos para los buques nacionales de cabotaje.

Las capitanías se clasificaron según su importancia; también se determinó el rango que debían tener los oficiales que las desempeñaban, así como la duración de estos destinos, acabando con el carácter vitalicio de algunas de ellas. Por ejemplo, la Capitanía de Puerto de Barcelona correspondía a un brigadier o a un capitán de navío, como la de Cádiz.

En otro orden de cosas, cabe señalar que los capitanes de puerto tuvieron nuevos cometidos; así, cuando en 1880 se aprobó el Reglamento para el servicio de meteorología de Marina, se ordenó la creación de estaciones en ellas, con el fin de recabar los datos pertinentes.

Finalmente se promulgó la Ley de Puertos de 1880, como una de las leyes especiales de obras públicas, que clarificaba la situación. Señalaba el carácter de bienes de dominio público para los puertos y establecía dos categorías: los de interés general y los de interés local, provinciales y locales. El criterio de clasificación radicaba en su importancia para varias provincias y por tener comunicación directa con los principales centros de producción de España, como Alicante, Barcelona, Bilbao o Cádiz; pero también podían tener esta consideración, los denominados de refugio por su situación y condiciones especiales de seguridad y abrigo en los temporales, tales como Los Alfaques, Muros y Algeciras.

El Ministerio de Fomento diseñaba, aprobaba y ejecutaba los proyectos de obras de interés general, tras oir previamente a Marina. Sin embargo, las Diputaciones y los Ayuntamientos tenían esas competencias en los suyos, salvo que los trabajos afectasen a terrenos de dominio público. Ahora bien, las obras de los puertos con arsenal militar estaban excluidas de la órbita de dicho Ministerio y seguían correspondiendo a la Armada.

Ya en el primer tercio del siglo XX, en el Ministerio de Obras Públicas se creó un Servicio Central de Puertos y Señales Marítimas, que poco después alcanzó la categoría de dirección general. Tuvo una gran continuidad ya que en 1979 aún seguía existiendo con la competencia añadida de las costas.

La Constitución de 1978 vino a confirmar la situación establecida. Los puertos de interés general, que fundamentalmente coincidían con los que desarrollaban actividades comerciales, siguieron dependiendo de la Administración General del Estado. Sin embargo, dejó los de refugio, deportivos, y en general, los no comerciales, bajo competencia autonómica.

La desvinculación definitiva de la administración marítima de la Armada llegó con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992, cuando se creó una nueva estructura. Se atribuía al Ministerio de Fomento el ejercicio de las competencias relativas a la ordenación general de la navegación marítima, en la que se integraban las capitanías marítimas, y de la flota civil, excepto la actividad pesquera, que correspondía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En la actualidad, existe un ente público denominado Puertos del Estado con responsabilidades globales sobre el conjunto del sistema portuario.

Las fuentes documentales para el estudio de los puertos durante el siglo XIX y XX se encuentran en diversos archivos. Por una parte, los expedientes generados por los organismos competentes de la Armada, se custodian tanto en el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués) y en el Archivo Central del Cuartel General de la Armada, como en los Archivo Navales Intermedios (Canarias, Cartagena, Ferrol y San Fernando).

Por otra parte, la documentación de la Dirección General de Puertos está repartida entre los siguientes centros: Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) y Archivo del Ministerio de Fomento. En este último también se conservan los expedientes personales de miembros del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas.

Por último, hay que tener en cuenta que en algunos de los archivos de las autoridades portuarias, hay documentación histórica, como en el del Puerto de Tarragona.

Para saber más, recomendamos consultar:

Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán

Archivo Central de Cuartel General de la Armada

Archivo Naval de Canarias

Archivo Naval de Cartagena

Archivo Naval de Ferrol

Archivo Naval de San Fernando

Archivo del Puerto de Tarragona

Portal de Archivos Españoles (PARES) Archivo Histórico Nacional Archivo General de la Administración

Archivo General del Ministerio de Fomento

Alemany Llovera, Joan. Los puertos en el siglo XIX. Madrid, 1991.

Fuente Cobos, Concepción. Guía del Archivo general del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1983. 

Eguinoa de San Román, Román. La gestión de los puertos de interés general. Barcelona, 2012.

 

Filmografía:

El acorazado Potemkin. Serguéi Eisenstein. 1925

Le Havre. Aki Kaurismäki. 2011

 

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