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Los inventarios de bienes de los conventos y monasterios constituyen una fuente fundamental para el conocimiento de las propiedades, tanto muebles como raíces, poseídas por dichas instituciones en el momento en que el Estado procedió a su desamortización. Además forman una fuente importante para la investigación de su patrimonio artístico, bibliográfico y documental, cuyos fondos constituyen una parte significativa de la colección inicial de los Museos y Bibliotecas Provinciales y, en menor medida, de los Archivos Históricos Provinciales.

Los inventarios de bienes se conservan, principalmente, en los Archivos Históricos Provinciales, pero también en otros, como el Archivo Histórico Nacional o el Archivo General de la Administración. Debemos considerar en todo caso –refiriéndonos a los archivos conventuales o monásticos- que dichos inventarios no fueron elaborados siguiendo criterios archivísticos, sino que su formación perseguía la averiguación de todos los bienes y derechos eclesiásticos sujetos a desamortización según las diferentes leyes. De ahí su exhaustividad en lo referido a los diferentes títulos de propiedad y disfrute de cargas y derechos. Sin embargo, son mucho más someros en la relación de documentos, libros, cuadros, muebles u otros objetos artísticos. Los documentos incautados constituyen el soporte jurídico de los derechos y bienes: este fue el objetivo prioritario de la Administración del Estado –no en vano la acción administrativa discurrió en las oficinas provinciales de las Delegaciones de Hacienda- dejando en principio al margen los aspectos archivísticos o históricos derivados de la documentación incautada.

Podemos clasificar dichos inventarios en tres apartados: en primer lugar, inventarios procedentes de la desamortización del Trienio Liberal; en segundo lugar, los procedentes de la desamortización de Mendizábal y Espartero y, por último, los procedentes de la desamortización de Madoz. En los inventarios reseñados en el primer apartado se describen los documentos de archivo en el denominado inventario 1º donde aparecen los títulos de pertenencia de fincas, juros, diezmos y demás derechos; y en el denominado inventario 2º, destinado a la relación de bienes muebles, efectos semovientes y vales reales. En los inventarios procedentes de la desamortización de Madoz y Mendizábal, la documentación se describe en el capítulo 2º -títulos de pertenencia de fincas rústicas y urbana; censos, juros-, capítulo 3º -libros de cuenta y razón- y capítulo 4º, denominado propiamente archivo. La incautación que se produjo durante el sexenio revolucionario será tratada en una futura entrada en este mismo blog.

Los inventarios –en lo que toca al patrimonio documental- proporcionan información sobre la ubicación de los archivos en los edificios conventuales y monásticos: por ejemplo, el Monasterio de Santa María de Óvila, que se ubicaba en las inmediaciones del coro alto dentro de la pared maestra o calicanto de la iglesia del monasterio de un modo tan seguro que no pueda perecer aunque por desgracia se quemase el Convento.

También sobre su estado de conservación e incidencias sufridas a lo largo del tiempo: el prior del Convento de la Madre de Dios de Hita declaró no haber más documentos que los expresados en el inventario pues cuando la guerra de los franceses le dejaron absolutamente destruido.

Los inventarios descubren la escasa formación específica, lectura de letras antiguas o archivística, que poseían los comisionados encargados de elaborarlos. Ya hemos dicho que lo cultural no constituía su principal función. Así se justificarían las explicaciones dadas en el inventario del Monasterio de Nuestra Señora de Bonaval, donde se reseña asimismo la existencia de catorce pergaminos en latín que parecen ser concesiones y privilegios de varios Sumos Pontífices junto con un legajo con dos pergaminos dentro de los cuales se hallaban varios escritos y papeles sueltos, antiguos y modernos, cuyo contexto no se expresa a causa de hallarse bastante confusos y sin orden.

Anecdóticamente podemos citar un caso sentido contrario: Vicente Vignau Ballester fue designado para llevar a cabo la incautación de 1869 en la provincia de Ávila –bien es cierto que centrada en el patrimonio artístico y documental de catedrales y colegiatas- y acabó nombrado años más tarde director del Archivo Histórico Nacional.

Reseñamos que las personas que intervinieron en el proceso de formación de los inventarios –los comisionados por la Hacienda pública-  y por extensión en los procesos desamortizadores pertenecen a las élites profesionales y funcionariales del momento – por ejemplo, en la provincia de Guadalajara Ambrosio Tomás Lillo,  Manuel José de Aguilera, Blas de Gaona o los García Estúñiga…- cuyos nombres además forman parte de las listas de mayores compradores de los bienes de desamortizadores actuando bien directamente o bien como testaferros.

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