A lo largo del siglo XIX, con sus primeras manifestaciones ya a finales del siglo XVIII, se produce en España, sucesivamente en el tiempo, uno de los fenómenos que más va a influir en la puesta en marcha del sistema político, económico y social liberal: el proceso desamortizador.

La desamortización tenía como principal objetivo liberar la propiedad acumulada en determinadas manos, las llamadas manos muertas, y libre ya, entregarla a la explotación general sin trabas ni limitaciones, en pleno y absoluto dominio. El Diccionario de la Administración Española ofrece la siguiente definición del término: los bienes pasarán de sus poseedores a manos del Estado bajo cuyo dominio serán bienes nacionales; el Estado los venderá a particulares y al adquirirlos los compradores, se harán libres.

Es un proceso unitario en los fines que perseguía pero que comprende varias etapas que, a veces, se solapan en el tiempo. Podemos distinguir, en términos generales, las siguientes fases: desamortización de Carlos III (Expediente de la Ley Agraria iniciado por Real Orden de 7 de abril de 1766), desamortización de Carlos IV (1769-1798, venta de las temporalidades de los jesuitas), desamortización de Godoy  (1798-1808), desamortización de la Guerra de la Independencia (1808-1813), desamortización de regulares del Trienio Constitucional (1821-1823), desamortización eclesiástica de Mendizábal y Espartero (1834-1854) y desamortización de Madoz (1855-1924).

Sus consecuencias fueron de muy variada índole. Unas de carácter general: cambios en la estructura de propiedad de la tierra, en la transformación de la producción agraria y producción nacional, en el número de habitantes de la ciudades y el cambio de fisonomía urbana, en los ingresos de la Hacienda Pública…; y otras de carácter particular, que afectaron a las instituciones cuyos bienes fueron desamortizados y que alcanzaron a su patrimonio arquitectónico, artístico y documental, que si bien no fue objetivo prioritario de la legislación desamortizadora, no es menos cierto que se vio alterado de manera notable. Sobre este patrimonio el Estado actuará directamente, por  Decreto de 1 de enero de 1869, incautándose de archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos, ciencia, arte o literatura que estuvieran a cargo de catedrales, cabildos, monasterios u órdenes militares. 

Paralelamente a este proceso, especialmente durante el siglo XIX, se produjo una verdadera eclosión del movimiento cultural de la erudición. Ciencias como la Paleografía, la Diplomática, la Arqueología, la Numismática o la Archivística adquieren gran auge, en parte debido a la puesta en circulación de una ingente masa documental y artístico-arqueológica procedente de instituciones desamortizadas. El Estado contribuirá al mencionado auge con la creación de centros especializados para la conservación, estudio o difusión de ese patrimonio documental y artístico como el Museo Arqueológico Nacional, la Escuela Superior de Diplomática, el Archivo Histórico Nacional, los Museos o Bibliotecas Públicas Provinciales y, entrado el siglo XX, los Archivos Históricos Provinciales…, o con la dotación de personal especializado en el tratamiento del patrimonio documental a través de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado en 1858.

En este contexto el patrimonio documental del clero regular y secular altera su estatus por un procedimiento regulado en la legislación. La Administración del Estado recogió e hizo suyos fondos documentales generados por instituciones privadas fundamentalmente eclesiásticas. 

Esta actuación ha generado un largo debate historiográfico con diferentes planteamientos. Por un lado, los que opinan que los procesos desamortizadores supusieron la destrucción de los archivos eclesiásticos y la pérdida de numerosos documentos; por otro, quienes consideran que con la desamortización -a pesar de la ruptura de la unidad de los fondos eclesiásticos y de su primitiva clasificación- grandes masas documentales fueron puestas al servicio público, garantizando su conservación definitiva y un correcto tratamiento archivístico en instituciones creadas al efecto por el Estado. 

En futuras entradas de este blog analizaremos la fortuna y el curso que siguió el patrimonio documental desde el proceso de desamortización de las instituciones productoras de los documentos a su depósito en instituciones archivísticas para su conservación definitiva.

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